Marruecos aborta la entrada a España de 42.000 inmigrantes ilegales en sólo 8 meses: 175 intentos diarios
Las fuerzas de seguridad de Marruecos han abortado un total de 42.071 intentos de entrada de inmigrantes ilegales en España en el presente año, según se recoge en las últimas estadísticas del Ministerio del Interior del país vecino. Las cifras tan sólo recogen los conatos acometidas entre enero y agosto de 2021, lo que arroja una media de casi 175 tentativas diarias de entrada irregular a suelo español desde el Reino alauita.
Además, durante estos ocho meses, las autoridades marroquíes han desmantelado un total de 156 redes criminales dedicadas al tráfico de inmigrantes ilegales, según el informe anual del Ministerio de Interior recogido por EFE y presentado este miércoles por el ministro del ramo, Abdeluafi Laftit, en la comisión parlamentaria de Interior de la Cámara de Representantes.
El informe recalca que las organizaciones de tráfico de inmigrantes ilegales «desarrollaron sus métodos delictivos aprovechando de la vulnerabilidad de los candidatos a la emigración» y «pese al endurecimiento de las medidas de circulación de personas entre los países».
«Este año se caracteriza por la continua presión» de la inmigración ilegal procedente de los países «de África subsahariana, a causa de los efectos económicos y sociales de la propagación del Covid-19 en todo el mudo», se detalla en el citado documento. La Delegación del Gobierno en Melilla señaló recientemente que se han detectado «tácticas militares» entre los inmigrantes ilegales que han asaltado la valla fronteriza con Marruecos en los últimos meses.
Por otra lado, el informe señala que el Gobierno de Marruecos, en colaboración con las representaciones diplomáticas de sus respectivos países, supervisó este año el retorno voluntario de 8.890 inmigrantes. Además, el documento apunta que el Ministerio de Interior contribuyó en los esfuerzos para la regularización de 871 refugiados.
Tensión Argelia-Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que el Gobierno sigue «con preocupación» la ya catalogada como guerra fría en el Magreb después de que Argelia haya acusado a Marruecos de matar a tres camioneros argelinos, y ha asegurado que trabajará para evitar «una escalada» entre estos dos «socios estratégicos» de España.
En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Albares ha indicado que el Gobierno está «recabando información» después de que la víspera la Presidencia argelina acusara a Marruecos del «cobarde asesinato» de tres camioneros mientras circulaban entre la capital mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla en un «bombardeo». «Su asesinato no quedará impune», aseguró Argel, sin que por ahora Rabat se haya pronunciado al respecto.
«Seguimos con preocupación cualquier cosa que pueda afectar a dos socios estratégicos que además son fundamentales para la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo, que es lo que quiere España», ha reconocido el ministro. En este sentido, ha dejado claro que el Gobierno sigue de cerca la situación y trabajará «en todo lo que esté en nuestras manos para que no se produzca una escalada».
Cabe destacar que la tensión entre Argelia y Marruecos se produce en un momento delicado para España en su relación con ambos países. La crisis abierta con el reino alauí por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la negativa a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental aún no se ha cerrado, pese a que desde el Gobierno aseguran que perciben «señales positivas» del otro lado del Estrecho y que Mohamed VI expresó en agosto su voluntad de abrir una nueva etapa.
Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, el 18 de mayo, en plena entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta facilitada por la pasividad de las fuerzas marroquíes, y esta aún no ha regresado a su puesto.
Preguntado expresamente por esta cuestión, Albares ha sostenido que su vuelta es «una decisión que depende exclusivamente de Marruecos». Los nombramientos y retiradas de embajadores, ha insistido, son «una decisión soberana de cada país», ha zanjado.